Asamblea Legislativa
San José, 9 de octubre de 2026
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
A la atención de las cincuenta y siete diputaciones de todas las bancadas políticas
Asunto: Exigencia ciudadana de decoro, respeto y responsabilidad en el ejercicio de la representación legislativa
Señoras y señores diputados:
Desde Apacigua nos dirigimos a ustedes para formular un llamado formal y firme sobre el comportamiento que la ciudadanía tiene derecho a exigir de quienes ejercen la representación legislativa. Esta comunicación se dirige a todas las diputaciones, sin distinción de partido, bancada o posición política, porque el respeto a la dignidad humana y a la investidura parlamentaria debe constituir un compromiso común.
Ustedes ocupan sus cargos como resultado de la voluntad popular expresada en las urnas. Aunque la ciudadanía vota por listas partidarias y la adjudicación de las diputaciones responde al sistema electoral correspondiente, su autoridad procede de esos votos. Su representación, además, comprende a la Nación y no se limita a quienes votaron por sus partidos. Por esa razón, nos sentimos plenamente legitimados para dirigirles peticiones, formular cuestionamientos y exigir una conducta acorde con la responsabilidad pública que asumieron.
Reconocemos la pluralidad de ideas que debe existir en el Congreso y el margen de decisión que corresponde a cada diputación, dentro del ordenamiento jurídico, para presentar proyectos, respaldarlos, rechazarlos y ejercer sus demás atribuciones. Entendemos que el debate democrático incluye diferencias profundas, posiciones firmes y controversias. Sin embargo, ninguna diferencia política justifica el insulto, la humillación, la intimidación o la discriminación.
Desde nuestra condición de ciudadanos, exigimos decoro, respeto y mesura en el ejercicio de sus funciones. Exigimos un lenguaje digno, un tono responsable y un comportamiento a la altura del cargo, tanto dentro del plenario y las comisiones como fuera de ellos, en actividades públicas, entrevistas, redes sociales y cualquier espacio en el que intervengan mientras ostenten su investidura.
Esta exigencia comprende también el trato entre ustedes. El respeto debe regir la manera en que se dirigen a sus colegas, tanto de su propia bancada como de las demás fracciones legislativas. Las diferencias ideológicas, las disputas parlamentarias y los desacuerdos personales no justifican insultos, burlas denigrantes, descalificaciones personales ni actos de intimidación. La ciudadanía tiene derecho a exigir que sus representantes debatan con firmeza y argumentos, sin convertir el Congreso en un escenario de agravios.
Asimismo, exigimos a todas las bancadas respeto absoluto al dirigirse a cualquiera de los poderes de la República, a las instituciones públicas, a sus representantes y a quienes hayan ejercido la Presidencia de la República. Ese respeto debe manifestarse en el lenguaje, el tono y la conducta, así como en el reconocimiento de las competencias institucionales y de la independencia que corresponda a cada órgano. Fiscalizar, cuestionar decisiones, debatir sobre sus actuaciones y exigir cuentas forma parte del ejercicio democrático; ninguna de esas facultades justifica insultos, humillaciones, amenazas ni descalificaciones personales. Las diferencias políticas, presentes o pasadas, no eximen a ninguna diputación de comportarse con la dignidad que exige su investidura.
Rechazamos y exigimos que se abstengan de promover, reproducir o normalizar expresiones y actos de xenofobia, racismo, homofobia, misoginia o cualquier otra forma de discriminación. Ninguna persona o comunidad debe convertirse en objeto de desprecio por su origen, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, condición social o cualquier otra característica personal. Las minorías y las poblaciones históricamente discriminadas merecen el mismo respeto y la misma consideración que el resto de la sociedad.
La responsabilidad por una conducta individual debe discutirse a partir de hechos y mediante los procedimientos correspondientes. No puede trasladarse a una comunidad entera ni utilizarse para alimentar prejuicios colectivos. La palabra de una diputación tiene alcance público: puede contribuir a la convivencia o legitimar hostilidades. Quienes disponen de esa tribuna tienen la responsabilidad de medir sus expresiones y asumir sus consecuencias.
Cuando ustedes intervienen públicamente, sus palabras y sus actos también proyectan una imagen de la Asamblea Legislativa y de Costa Rica. Una conducta ofensiva o discriminatoria deteriora la confianza en las instituciones, empobrece el debate y afecta a la ciudadanía que representan. Les exigimos que su actuación contribuya a engrandecer el nombre de nuestro país y honre su tradición democrática.
El decoro no es una cortesía opcional. Es una exigencia ciudadana inherente a la responsabilidad de representar al país. La firmeza política es compatible con el respeto; la fiscalización, con la prudencia; y la defensa de una convicción, con el reconocimiento de la dignidad de quienes piensan diferente. El Congreso debe ofrecer un ejemplo de cómo tramitar nuestras diferencias sin degradarnos como sociedad.
Por lo anterior, solicitamos a cada una de las cincuenta y siete diputaciones un compromiso público y efectivo con estos principios. Solicitamos, asimismo, a las jefaturas de todas las bancadas que promuevan su cumplimiento y que, ante conductas contrarias a ellos, impulsen su rectificación y las medidas que correspondan dentro de sus competencias. Cuando se haya causado una ofensa, esperamos reconocimiento, disculpa y corrección, sin excusas partidarias ni justificaciones basadas en la conducta de otros.
Agradeceremos una respuesta escrita que indique los compromisos y las acciones que asumirán para atender este llamado.
Costa Rica merece una Asamblea Legislativa cuya conducta honre la confianza depositada en ella. La investidura que ostentan les exige responsabilidad, y la ciudadanía tiene derecho a reclamársela.